domingo, 6 de enero de 2019

BOLETIN  N  12 MES DICIEMBRE 2018
https://drive.google.com/file/d/0Bxe3DoWS5tnWN1ZOQnNMWGpqZWpzN3JwR0lKRjlIa0VRQVY4/view?usp=sharing

martes, 11 de diciembre de 2018

Derechos y Deberes en las manifestaciones públicas
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10 de Diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos y Celebración del
 70° aniversario Declaración Universal de Derechos Humanos




BOLETÍN N 11 Noviembre
https://drive.google.com/file/d/0Bxe3DoWS5tnWSzhuUXJLdjA0SEFxUjF3Q045N2N1OGtJRGlv/view?fbclid=IwAR12ctVuq7pQVHthK7ZSGLMSMjm_GSQo2LK_xn5Y7XJMoNVIVpFRe8iwoqw
Declaración Pública.
Ante la decisión del gobierno de Chile de restarse a participar del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Legal de la ONU, sosteniendo entre sus principales argumentos que “la migración no es un derecho humano”, nuestra organización no puede mantenerse silente, por tanto se hace un deber declarar que:
1) En el propio texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estamos conmemorando el día de hoy, donde Chile participó de su aprobación junto al conjunto de naciones del mundo, claramente se expresa;
“Artículo 13.
“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”
2) Argumentar que este acuerdo puede afectar la soberanía del Estado no se sostiene, por cuanto este pacto no es vinculante legalmente y en él se declara expresamente que respeta la soberanía de los Estados en materia migratoria, por el contrario, su objetivo es coordinar esfuerzos internacionales que contribuyan a evitar prácticas como el tráfico de personas que afecta especialmente a inmigrantes indocumentados. posibilitar regresos seguros y dignos para evitar que algunos de ellos sean torturados o asesinados en su país de origen.
3) En las conversaciones y las negociaciones, así como en el acuerdo previo, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016), nuestro Estado participó y aprobó con su firma, por lo tanto, la decisión del ejecutivo actual es abiertamente errática con relación a su actuar en la política internacional.
4) Esta decisión gubernamental que ha sido notificada por el subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla, no sólo afecta a los inmigrantes que viven en nuestro país, sino a los propios chilenos y chilenas que están en el exterior. Además, viene a sumarse a otras decisiones del actual gobierno que colisionan los derechos humanos y los pactos internacionales, como la negativa a firmar el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como “Acuerdo de Escazú”. Este retroceso sobre acuerdos en materia internacional no solamente vulnera derechos esenciales, además daña gravemente la imagen de Chile y lo aísla de la cooperación internacional y de la comunidad de naciones democráticas, procesos que Chile como país había venido liderando y que hoy transgrede de manera inquietante e impresentable.

jueves, 15 de noviembre de 2018



Declaración Pública
Ante los graves incidentes producto de los allanamientos en la comunidad de Temucuicui realizados por el “Comando Antiterrorista Jungla”, organismo militarizado de la policía uniformada, el que significó disparos hacia la comunidad que terminaron con la vida del peñi Camilo Catrillanca, nieto del lonko Juan Catrillanca, además de dejar varios heridos, algunos de ellos graves, nuestra Organización de Observadores y Defensores de Derechos Humanos, ODDH Chile, se hace un deber declarar lo siguiente: 1) Ante esta nueva acción de funcionarios uniformados del Estado que vulnera Pactos y Convenios Internacionales firmados por Chile, ante la ONJ, la OEA y la OIT, los que se encuentran vigentes, por ejemplo el Convenio 169 que en su texto expresamente señala: “Artículo 3 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos, 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”, por lo tanto, exigimos a la autoridad tomar todas las medidas que impliquen una investigación imparcial que permita esclarecer estos hechos y sancionar debidamente a los responsables. 2) Creemos que organismos como el “Comando Jungla” atenta contra el deseo de establecer la paz en La Araucanía, reforzando una militarización innecesaria, incrementando una provocación a nuestros pueblos originarios y haciéndolos ver desde la lógica penal “del enemigo”, lo que atenta explícitamente contra la igualdad ante la ley. Por lo tanto demandamos su inmediata disolución. Los recursos destinados a este desvirtuado propósito puede ser asignados a establecer políticas de inclusión y de reparación de acuerdo a lo contemplado por organismos competentes. 3) Llamamos a la opinión pública nacional e internacional a denunciar estos hechos y a exigir su esclarecimiento para que se haga justicia. Nuestras sinceras condolencias a la familia del peñi Camilo Catrillanca, a su comunidad y al pueblo mapuche ante este nuevo atropello a sus derechos fundamentales. Newentuleymi! Lemoria kom pu ce.
Fraternalmente ODDH Chile










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sábado, 10 de noviembre de 2018


Boletin  N10 Mes Octubre https://drive.google.com/file/d/0Bxe3DoWS5tnWQzFJWlJ4SzI5djgxeUp1WW9DVVBFSGFTMm13/view?usp=sharing

martes, 9 de octubre de 2018



Abandono Total

Quintero y las zonas aledañas a este poblado, como Puchuncaví, hace ya un mes que ven agudizada la vulneración total a sus derechos, situación que se ha ido produciendo durante años. A diario son víctimas de la indolencia del Estado que insiste en mantener industrias y empresas contaminantes a pesar de los cientos de casos de personas intoxicadas, suspensión de clases y manifestaciones ciudadanas que exigen una solución inmediata a sus demandas, tras décadas de contaminación y cero control de fuentes emisoras. Nuestra organización se ha hecho presente en dos oportunidades, desde que la crisis estallara. Conversamos con vecinos y dirigentes que han visto pasearse a diferentes autoridades y organismos sin recibir respuestas ni soluciones. Consideramos una burla la actitud indolente del Estado que ha sido incapaz de encontrar a los responsables y aplicar las debidas sanciones, de identificar la fuente de origen y de dar cumplimiento a la Constitución Política de Chile, que en su artículo 19, número 8, señala que se le asegura a todas las personas "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" y que es "deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza". Asimismo, en el mismo artículo en su numeral 9 se consigna “El derecho a la protección de la salud” que debe garantizar el Estado, así como el número 1 que protege : “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, todos estos derechos humanos son universales. Esta situación injustificable se ha visto agravada con la reciente decisión del gobierno chileno de posponer la firma del Tratado Escazu, Costa Rica, sobre acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe. Una vez más estas medidas implican un no cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Chile sobre el medio ambiente desde el ámbito de los derechos fundamentales de las personas.
 Declaración Pública 

Frente a la muerte de Alejandro Castro, joven dirigente de los pescadores de Quintero, damos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de lucha en esta aguda crisis medioambiental que viven en la zona.
Estamos conmocionados por los extraños sucesos que envuelven su fallecimiento y nos sumamos como Observadores y Defensores de Derechos Humanos a la solicitud de esclarecer los hechos, a la brevedad posible, con toda la transparencia que exige la ley.
La muerte de Alejandro se suma a la del dirigente sindicalista Juan Pablo Jiménez y a la de la ambientalista Macarena Valdés, quienes perdieron la vida en extrañas circunstancias y que, lamentablemente, aún no han sido esclarecidas por las investigaciones correspondientes.
Como Observadores y Defensores de Derechos Humanos dejamos en claro que nuestra convicción es que, de existir terceros involucrados, recaiga todo el peso de la ley que nuestro Estado de Derecho y los Acuerdos Internacionales expresamente señalan.
El Estado chileno debe garantizar el libre derecho a manifestarse, sin recibir amenazas o amedrentamiento alguno, así como asegurar que sea posible vivir en un medio ambiente limpio de contaminación para su ciudadanía y una justicia que vele por el derecho de todas las chilenas y todos los chilenos.
Boletín N 9 Mes de Septiembre

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