sábado, 10 de noviembre de 2018
martes, 9 de octubre de 2018
Abandono Total
Quintero y las zonas aledañas a este poblado, como Puchuncaví, hace ya un mes que ven agudizada la vulneración total a sus derechos, situación que se ha ido produciendo durante años. A diario son víctimas de la indolencia del Estado que insiste en mantener industrias y empresas contaminantes a pesar de los cientos de casos de personas intoxicadas, suspensión de clases y manifestaciones ciudadanas que exigen una solución inmediata a sus demandas, tras décadas de contaminación y cero control de fuentes emisoras. Nuestra organización se ha hecho presente en dos oportunidades, desde que la crisis estallara. Conversamos con vecinos y dirigentes que han visto pasearse a diferentes autoridades y organismos sin recibir respuestas ni soluciones. Consideramos una burla la actitud indolente del Estado que ha sido incapaz de encontrar a los responsables y aplicar las debidas sanciones, de identificar la fuente de origen y de dar cumplimiento a la Constitución Política de Chile, que en su artículo 19, número 8, señala que se le asegura a todas las personas "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" y que es "deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza". Asimismo, en el mismo artículo en su numeral 9 se consigna “El derecho a la protección de la salud” que debe garantizar el Estado, así como el número 1 que protege : “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, todos estos derechos humanos son universales. Esta situación injustificable se ha visto agravada con la reciente decisión del gobierno chileno de posponer la firma del Tratado Escazu, Costa Rica, sobre acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe. Una vez más estas medidas implican un no cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Chile sobre el medio ambiente desde el ámbito de los derechos fundamentales de las personas.
Declaración Pública
Frente a la muerte de Alejandro Castro, joven dirigente de los pescadores de Quintero, damos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de lucha en esta aguda crisis medioambiental que viven en la zona.
Estamos conmocionados por los extraños sucesos que envuelven su fallecimiento y nos sumamos como Observadores y Defensores de Derechos Humanos a la solicitud de esclarecer los hechos, a la brevedad posible, con toda la transparencia que exige la ley.
La muerte de Alejandro se suma a la del dirigente sindicalista Juan Pablo Jiménez y a la de la ambientalista Macarena Valdés, quienes perdieron la vida en extrañas circunstancias y que, lamentablemente, aún no han sido esclarecidas por las investigaciones correspondientes.
Como Observadores y Defensores de Derechos Humanos dejamos en claro que nuestra convicción es que, de existir terceros involucrados, recaiga todo el peso de la ley que nuestro Estado de Derecho y los Acuerdos Internacionales expresamente señalan.
El Estado chileno debe garantizar el libre derecho a manifestarse, sin recibir amenazas o amedrentamiento alguno, así como asegurar que sea posible vivir en un medio ambiente limpio de contaminación para su ciudadanía y una justicia que vele por el derecho de todas las chilenas y todos los chilenos.
jueves, 6 de septiembre de 2018
domingo, 5 de agosto de 2018
Declaración Pública en Apoyo a Periodista Javier Rebolledo
La libertad de expresión es uno de los derechos más valiosos en una sociedad. La labor periodística se sustenta en ella permitiendo su libre ejercicio. Sin embargo, se comprueba que aunque la Constitución y las leyes la protejan, existen poderes capaces de ponerla en jaque y hoy estamos frente a una grave situación que debilita ese derecho.
El periodista e investigador, Javier Rebolledo, autor de cuatro libros que relatan el accionar de los aparatos represivos que operaron durante la dictadura, ha sido demandado por injurias por la hija del teniente coronel (r) del Ejército, Raúl Quintana Salazar, quien purga condena por 20 años debido a los crímenes que cometió durante su ejercicio en el centro de tortura de Tejas Verdes.
Si bien Carolina Quintana, tiene el derecho a presentar la querella por injurias, no se deben pasar por alto los crímenes perpetrados por su padre y que evidentemente constituyen crímenes de lesa humanidad, es decir, que lesionan no sólo a las víctimas, sino al conjunto de la humanidad.
En la trilogía de los Cuervos, Javier Rebolledo relata estos crímenes de lesa humanidad y desenmascara a los agentes y el modus operandi de la DINA y la CNI. Es aquí donde da cuenta de su rigurosidad investigativa y periodística, como también lo hace en "Camaleón", libro donde se señalan las torturas que cometió el condenado Raúl Quintana.
La valentía del periodismo que denuncia los crímenes de lesa humanidad no deben verse emboscados por este tipo de demandas ni menos ejercer un modo de autocensura a los periodistas, investigadores y testigos que sin lugar a dudas son la forma para poder encontar la verdad y la justicia.
Como Observadores y Defensores de Derechos Humanos, entregamos nuestro irrestricto apoyo a Javier Rebolledo, quien nos ayudara a realizar "La Ruta de la Tortura" un importante trabajo que realizamos en 2015, siendo un real aporte a nuestro trabajo que denuncia día a día las violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a los funcionarios del Estado, en este caso especialmente a los tribunales de justicia, uno de los principales pilares de nuestra institucionalidad, para que respeten la legislación internacional vigente en nuestro derecho en materia de derechos humanos, normativa jurídica que desde el punto de vista del derecho positivo prevalece por sobre cualquier otra norma jurídica contemplada en nuestro derecho interno. Sólo la aplicación justa de la ley es capaz de fortalecer nuestras instituciones y darle estabilidad a una sociedad democrática.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a los funcionarios del Estado, en este caso especialmente a los tribunales de justicia, uno de los principales pilares de nuestra institucionalidad, para que respeten la legislación internacional vigente en nuestro derecho en materia de derechos humanos, normativa jurídica que desde el punto de vista del derecho positivo prevalece por sobre cualquier otra norma jurídica contemplada en nuestro derecho interno. Sólo la aplicación justa de la ley es capaz de fortalecer nuestras instituciones y darle estabilidad a una sociedad democrática.
martes, 31 de julio de 2018
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