Ya lo
habíamos denunciado hace algunas semanas. Funcionarios de FF.EE de Carabineros
están actuado con extrema violencia tanto en manifestaciones como a la hora de
efectuar desalojos en establecimientos educacionales y espacios universitarios.
En efecto, nos
habíamos sorprendido con el caso del joven atropellado por un vehículo de
FF.EE, por las lesiones sufridas por universitarios o con el uso irresponsable
del lanzaagua contra una observadora de derechos humanos. Hoy nos horrorizamos
por el actuar descontrolado y desmedido de los policías en los desalojos y
detenciones en colegios donde hay menores de edad, lo que exige el respeto de
los protocolos y de hacer efectivos los derechos de niños y jóvenes
establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.
Un ejemplo
de lo anteriormente señalado es lo ocurrido en el Instituto Nacional, donde
menores de edad fueron desalojados y expuestos a gases lacrimógenos,
detenciones humillantes y violentas, además de golpes y amedrentamiento.En el
INBA, por su parte, policías uniformados entran apuntando con armas a
escolares. En el Confederación Suiza, durante el desalojo, escolares fueron
esposados y violentados físicamente. Denuncias de apoderados señalan que no se
especificó en el parte de constatación de lesiones los moretones provocados a
una estudiante por las esposas y los pellizcos en los brazos, además, un menor
de 17 años fue estrangulado por un efectivo de FF.EE, encontrándose
hospitalizado y con diagnóstico de lesiones por asfixia debido a
estrangulamiento.
La
criminalización del movimiento estudiantil, por parte de autoridades y medios
de comunicación, es un acto irresponsable. No son delincuentes, y frente a
cualquier hecho que estuviese reñido con la ley, es la justicia la única
encargada de realizar las investigaciones y sanciones que corresponden. Ante
todo, siguen siendo escolares, es decir, menores de edad y el Estado tiene el
deber constitucional de protegerlos de los abusos, no hacerse parte de esto con
recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Frente a
estos gravísimos hechos debemos preguntar al Gobierno, al Ministerio del
Interior y a la Intendencia si acaso los efectivos de Carabineros actúan por
sobre la legislación y los derechos humanos y por ende alejados del marco legal
y constitucional vigente.
Recordemos que el Presidente Sebastián Piñera
llamó a un gran Acuerdo Nacional por la Infancia y Adolescencia, señalando en
la oportunidad: “quiero convocarlos a un gran acuerdo nacional que nos permita
decirles a todos los niños, niñas y adolescentes de Chile que el Estado y la
sociedad chilena van a cumplir con su deber y responsabilidad con ellos, y que
haremos todo lo humanamente posible para que, no solo ni uno más de nuestros
niños sea abusado ni maltratado, sino también, para que nuestros niños y niñas
recuperen sus hogares, su inocencia, su dignidad y su alegría de vivir”. Por
nuestra parte, mientras no se haga realidad ese acuerdo nacional para todos los
niños y adolescentes de Chile, seguiremos denunciando cualquier acto de
violación a los derechos humanos y reivindicaremos el legítimo derecho de los
estudiantes a manifestarse y a demandar avances en sus derechos sociales
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