Declaración Pública en Apoyo a Periodista Javier Rebolledo

La libertad de expresión es uno de los derechos más valiosos en una sociedad. La labor periodística se sustenta en ella permitiendo su libre ejercicio. Sin embargo, se comprueba que aunque la Constitución y las leyes la protejan, existen poderes capaces de ponerla en jaque y hoy estamos frente a una grave situación que debilita ese derecho.

El periodista e investigador, Javier Rebolledo, autor de cuatro libros que relatan el accionar de los aparatos represivos que operaron durante la dictadura, ha sido demandado por injurias por la hija del teniente coronel (r) del Ejército, Raúl Quintana Salazar, quien purga condena por 20 años debido a los crímenes que cometió durante su ejercicio en el centro de tortura de Tejas Verdes.

Si bien Carolina Quintana, tiene el derecho a presentar la querella por injurias, no se deben pasar por alto los crímenes perpetrados por su padre y que evidentemente constituyen crímenes de lesa humanidad, es decir, que lesionan no sólo a las víctimas, sino al conjunto de la humanidad.

En la trilogía de los Cuervos, Javier Rebolledo relata estos crímenes de lesa humanidad y desenmascara a los agentes y el modus operandi de la DINA y la CNI. Es aquí donde da cuenta de su rigurosidad investigativa y periodística, como también lo hace en "Camaleón", libro donde se señalan las torturas que cometió el condenado Raúl Quintana.

La valentía del periodismo que denuncia los crímenes de lesa humanidad no deben verse emboscados por este tipo de demandas ni menos ejercer un modo de autocensura a los periodistas, investigadores y testigos que sin lugar a dudas son la forma para poder encontar la verdad y la justicia.

Como Observadores y Defensores de Derechos Humanos, entregamos nuestro irrestricto apoyo a Javier Rebolledo, quien nos ayudara a realizar "La Ruta de la Tortura" un importante trabajo que realizamos en 2015, siendo un real aporte a nuestro trabajo que denuncia día a día las violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a los funcionarios del Estado, en este caso especialmente a los tribunales de justicia, uno de los principales pilares de nuestra institucionalidad, para que respeten la legislación internacional vigente en nuestro derecho en materia de derechos humanos, normativa jurídica que desde el punto de vista del derecho positivo prevalece por sobre cualquier otra norma jurídica contemplada en nuestro derecho interno. Sólo la aplicación justa de la ley es capaz de fortalecer nuestras instituciones y darle estabilidad a una sociedad democrática.