DECLARACIÓN PÚBLICA.
Con motivo de las manifestaciones e incidentes ocurridos el día de ayer, 11 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los 39 años de la interrupción violenta de la institucionalidad democrática por medio de un golpe de estado, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos (ODDH) de Chile desea declarar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1) Las legítimas actividades que ha realizado la ciudadanía queriendo recordar a sus seres queridos y contrayendo una vez más un compromiso para que estos luctuosos hechos nunca más vuelvan a suceder en nuestro país, se han visto nuevamente contrastadas por la política represiva de la autoridad política que entiende toda manifestación pública disidente como una subversión, la que tiene que ser prohibida y castigada violentamente.
2) La enorme cantidad de vehículos policiales y personal institucional en actitud hostil en las calles dan cuenta de este hecho, a la vez que aterran a la población para que ésta no pueda manifestarse legítimamente de acuerdo a un derecho consignado constitucionalmente, generando un clima de enfrentamiento que, deplorablemente, se ha vuelto un hecho habitual.
3) El lamentable asesinato de un carabinero durante la noche de este 11 de septiembre, se corresponde acertadamente con lo que el periodista de 24 horas, Mauricio Bustamante, calificó como “hecho delictual”, diferenciándolo de las actividades conmemorativas que se realizaron en todo el país. Todo intento por atribuir estos hechos a los convocantes a las diversas manifestaciones, donde se expresa el sentir más genuino del pueblo,constituyen un abuso de conceptos inaceptable por parte de los responsables precisamente de velar por una adecuada convivencia democrática.
4) Para clarificar las expresiones relativas a las “violaciones a los derechos humanos” y al rol que cumplimos las diversas organizaciones de observadores y defensores de derechos humanos, debemos enfatizar que la violación de los derechos humanos es una figura jurídica de carácter nacional e internacional, enmarcada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que se atribuye por ley a aquellas acciones vejatorias de estos derechos desde el Estado hacia la población, y en ningún caso, a las acciones delictivas ejercidas por personas u organismos no gubernamentales, las que se encuentran debidamente tipificadas en nuestra legislación, con procedimientos y sanciones claramente especificadas.
5) Efectivamente, los derechos humanos, desde el punto de vista ético y axiológico, son universales, por lo tanto todas las personas tienen derecho a su protección, sean éstos o no funcionarios y agentes del estado. Lo que queremos aclarar es que la garantía del cumplimiento de estos derechos humanos corresponde a una labor exclusiva del Estado, por cuanto es este órgano jurídico-político quien tiene el monopolio de la fuerza y no los particulares, por lo que cuentan con los medios para garantizar el cumplimiento de la defensa de estos derechos esenciales y sancionar su incumplimiento. Es respecto de esto que el Estado de Chile, junto a sus pares en el mundo, han firmado pactos y tratados internacionales, ratificándolos por sus estamentos legislativos cuando procede, incorporándolos además a su Constitución Política como derechos fundamentales.
6) Estas obligaciones que deben cumplir los funcionarios y agentes delEstado no sólo están explicitadas en las normativas vigentes para toda nuestra población, sino además están expresamente consignadas, principalmente, en los reglamentos policiales (números 11 y 15 de Carabineros), y en sus códigos de ética (artículos 27, 28, 29 y 30 del Código de Ética de Carabineros de Chile y artículo número tres del Código de Ética Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile), así como en toda la reglamentación pertinente.
7) Destacando nuestro repudio al hecho perpetrado, por lo cual se vuelve indispensable enfatizar que no aceptamos que el Administrativo o algún otro estamento institucional pretenda desvirtuar y confundir a la población tratando de equiparar el hecho delictual ocurrido anoche con los actos represivos cometidos por el Estado y sus agentes. Toda vida es un derecho humano fundamental que debe ser respetado y valorado, sin embargo las obligaciones jurídicas sobre estos actos tienen responsables que están debida y precisamente especificados en nuestra institucionalidad jurídica vigente. Lamentamos que el Estado chileno, por medio de las autoridades competentes, exponga a funcionarios policiales a situaciones de extrema vulnerabilidad, porque las violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados se efectúan también por omisión en el compromiso de resguardar las vidas humanas, la propiedad y el conjunto de derechos que posibilitan una convivencia democrática en paz y en orden.
8) Hace un tiempo, el medio virtual verdadahora.cl (11-08- 2012) hizo públicas las declaraciones de un funcionario de inteligencia de la policía no identificado, que denunciaba el intento por parte de las autoridades de aprovechar la muerte de un carabinero para “descabezar” al movimiento estudiantil. Los reporteros independientes han podido fotografiar y hacer públicas a personas con cascos azules, blancos y naranjas, ninguno de ellos pertenecientes a observadores o defensores de derechos humanos, arrojando piedras a los manifestantes, entre los funcionarios policiales. Esperamos que todos estos hechos sean investigados y aclarados para la tranquilidad de toda la población. Si se trata de un intento por criminalizar e inmovilizar a los observadores de derechos humanos, enfáticamente señalamos que esto sólo renueva nuestro compromiso con los principios que nos comprometimos a defender por el respeto de todos los derechos humanos y de todas las personas.
Fraternalmente
ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.
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