Declaración Pública por violencia de FF.EE en manifestación ciudadana
Ante los graves incidentes sucedidos el martes 27 de marzo frente al Ministerio de Educación en medio de una manifestación ciudadana, con motivo del rechazo a la determinación del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que ponía fin al lucro en la educación, es que nos vemos en la obligación como Observadores de Derechos Humanos de denunciar la violencia extrema en el actuar de funcionarios de Carabineros de Fuerzas Especiales.
Contamos con contundentes pruebas audiovisuales sobre el desmedido actuar de los funcionarios presentes y la constatación de lesiones de nuestros observadores, como también el video de la golpiza propinada por FF.EE a un estudiante que quedó inconsciente y con diagnóstico de TEC cerrado.
Lo anterior es una situación, que a la vista de la Constitución Política de Chile y del Protocolo de Carabineros, es altamente cuestionable, donde el actuar de la policía uniformada, dependiente del Ministerio del Interior, raya en el delito e infracciona los Tratados y Convenios que Chile ha firmado en materia de DD.HH.
Hace un par de años vimos la irresponsable actitud del pitonero que manejaba el carro lanzaagua y que derribó con el chorro a Rodrigo Avilés. Hoy estamos viendo que el compromiso del uso disuasivo del lanzaaguas se ha olvidado. Podemos recordar también la utilización de balines que hicieron perder la visión a ciudadanos, los que recibieron el proyectil en sus ojos, o los daños físicos de las lacrimógenas lanzadas al cuerpo.
Los hechos descritos son sólo algunos ejemplos de la grave situación a la que se exponen los ciudadanos que se manifiestan y se enfrentan a irresponsables funcionarios de Carabineros que desconocen la Constitución Política de la República, así como el Código de Ética y el Protocolo de su propia institución.
Una vez más demandamos enérgicamente a las autoridades correspondientes que investiguen estos hechos, sancionen a los responsables y pongan término a esta política represiva hacia las expresiones ciudadanas y, especialmente, hacia los observadores de derechos humanos.
Por nuestra parte, como organización que vela por el cumplimiento de las garantías constitucionales en materia de derechos humanos, tomaremos todas las medidas judiciales pertinentes de acuerdo a la legislación nacional e internacional vigente. Llamamos asimismo a la ciudadanía a movilizarse por el respeto a los derechos esenciales de las personas y a denunciar estos graves atropellos.
ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
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