Los recientes acontecimientos que se
viven en las comunidades mapuche, cuestionan seriamente el rol de nuestro
Estado en sus obligaciones como garante de los derechos esenciales,
especialmente después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, que ha condenado la aplicación de la ley antiterrorista por parte de
nuestro principal órgano jurídico-político. Ante estos hechos, la Asociación de
Observadores y Defensores de Derechos Humanos, ODDH Chile, expresa:
La
tensión que se ha generado en la Región de La Araucanía ha ido creciendo y,
junto con ello, ha ido incrementándose el miedo y la inseguridad de sus
habitantes, situación que ha cobrado nuevas víctimas, uno de ellas el comunero
de 32 años, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil. Este conflicto se ha explicitado de
manera progresiva en la opinión pública, evidenciándose este fenómeno
lamentable en diversos debates, el que no se ve aplacado por una eficiente
gestión por parte del Estado, en la figura del Administrativo de turno, que tienda consistentemente a garantizar
una efectiva paz social y una adecuada convivencia entre sus habitantes.
Resulta ineludible recordar que el
denominado “conflicto mapuche” tiene
sus raíces en una historia plagada de inequidades por parte de nuestro Estado, el que sistemáticamente ha postergado al pueblo
mapuche en aras de construir un modelo de desarrollo que no ha considerado a
este ancestral pueblo originario en sus requerimientos, aún más, lo ha
postergado y ha aniquilado su cultura en beneficio de otros intereses,
cuyos hitos más relevantes han sido: los colonos; la política triguera y las
empresas forestales.
En el texto del fallo condenatorio de la
Corte Interamericana de DDHH se señala que
se ha violado el “principio de legalidad”, así como el “derecho a la presunción
de inocencia”, el “principio de igualdad” y la “no discriminación” y el
“derecho a la igual protección de la ley de las víctimas.” Estas
expresiones no son triviales y tampoco aisladas, refieren de una manera
sintética lo que ha sido una conducta ininterrumpida ejercida hacia estos
compatriotas por parte de nuestro Estado.
Considerando
lo anterior:
1)
Condenamos
la persistente “militarización” de la zona, incrementada por una errática
política que busca en forma obsecuente el control de la situación por la vía de
la represión brutal y la descalificación de las legítimas demandas ciudadanas
-amparadas en documentos internacionales firmados y ratificados por nuestro
país- con el pretexto de “luchar contra el terrorismo”, mientras se inunda esa región de tanquetas, helicópteros y funcionarios
del Estado armados para ejercer la violencia contra las comunidades donde viven
familias con niños en total indefensión, en circunstancias que la ley obliga
precisamente a esos mismos agentes del Estado a ser los principales garantes
del respeto a los derechos humanos.
2) Exigimos al Estado que cambie
radicalmente su política represiva y tome las medidas pertinentes tendientes a garantizar el respeto de la
vida, de los derechos esenciales y de las garantías constitucionales de todos
sus habitantes.
3) Reiteramos que sólo la acción vigilante de la ciudadanía, del conjunto del pueblo de
Chile, podrá garantizar que los derechos humanos fundamentales sean respetados,
y que las aspiraciones de un genuino Estado Social y Democrático de Derecho
puedan ser cumplidas conforme a la legislación vigente y en concordancia a los
tratados internacionales ratificados por nuestro país.
4) Toda nuestra solidaridad y afecto fraterno
con las familias de las víctimas y con todos quienes sufren las consecuencias de una
deplorable administración política que excluye de sus decisiones y de sus acciones
el resguardo de los derechos humanos esenciales para todos los habitantes.
ASOCIACIÓN
DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.
Santiago
de Chile, 8 de octubre de 2014
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