viernes, 10 de octubre de 2014

DECLARACIÓN PÚBLICA POR AUMENTO DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA



                                   Los recientes acontecimientos que se viven en las comunidades mapuche, cuestionan seriamente el rol de nuestro Estado en sus obligaciones como garante de los derechos esenciales, especialmente después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que ha condenado la aplicación de la ley antiterrorista por parte de nuestro principal órgano jurídico-político. Ante estos hechos, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos, ODDH Chile, expresa:
La tensión que se ha generado en la Región de La Araucanía ha ido creciendo y, junto con ello, ha ido incrementándose el miedo y la inseguridad de sus habitantes, situación que ha cobrado nuevas víctimas, uno de ellas el comunero de 32 años, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil. Este conflicto se ha explicitado de manera progresiva en la opinión pública, evidenciándose este fenómeno lamentable en diversos debates, el que no se ve aplacado por una eficiente gestión por parte del Estado, en la figura del Administrativo de turno, que tienda consistentemente a garantizar una efectiva paz social y una adecuada convivencia entre sus habitantes.
Resulta ineludible recordar que el denominado “conflicto mapuche” tiene sus raíces en una historia plagada de inequidades por parte de nuestro Estado, el que sistemáticamente ha postergado al pueblo mapuche en aras de construir un modelo de desarrollo que no ha considerado a este ancestral pueblo originario en sus requerimientos, aún más, lo ha postergado y ha aniquilado su cultura en beneficio de otros intereses, cuyos hitos más relevantes han sido: los colonos; la política triguera y las empresas forestales.
En el texto del fallo condenatorio de la Corte Interamericana de DDHH se señala que se ha violado el “principio de legalidad”, así como el “derecho a la presunción de inocencia”, el “principio de igualdad” y la “no discriminación” y el “derecho a la igual protección de la ley de las víctimas.” Estas expresiones no son triviales y tampoco aisladas, refieren de una manera sintética lo que ha sido una conducta ininterrumpida ejercida hacia estos compatriotas por parte de nuestro Estado.



Considerando lo anterior:
1)   Condenamos la persistente “militarización” de la zona, incrementada por una errática política que busca en forma obsecuente el control de la situación por la vía de la represión brutal y la descalificación de las legítimas demandas ciudadanas -amparadas en documentos internacionales firmados y ratificados por nuestro país- con el pretexto de “luchar contra el terrorismo”, mientras se inunda esa región de tanquetas, helicópteros y funcionarios del Estado armados para ejercer la violencia contra las comunidades donde viven familias con niños en total indefensión, en circunstancias que la ley obliga precisamente a esos mismos agentes del Estado a ser los principales garantes del respeto a los derechos humanos.
2)    Exigimos al Estado que cambie radicalmente su política represiva y tome las medidas pertinentes tendientes a garantizar el respeto de la vida, de los derechos esenciales y de las garantías constitucionales de todos sus habitantes.
3)    Reiteramos que sólo la acción vigilante de la ciudadanía, del conjunto del pueblo de Chile, podrá garantizar que los derechos humanos fundamentales sean respetados, y que las aspiraciones de un genuino Estado Social y Democrático de Derecho puedan ser cumplidas conforme a la legislación vigente y en concordancia a los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
4)    Toda nuestra solidaridad y afecto fraterno con las familias de las víctimas y con todos quienes sufren las consecuencias de una deplorable administración política que excluye de sus decisiones y de sus acciones el resguardo de los derechos humanos esenciales para todos los habitantes.



ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (ODDH) CHILE.


 Santiago de Chile, 8 de octubre de 2014

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