Declaración Pública.

Ante la decisión del gobierno de Chile de restarse a participar del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Legal de la ONU, sosteniendo entre sus principales argumentos que “la migración no es un derecho humano”, nuestra organización no puede mantenerse silente, por tanto se hace un deber declarar que:
1) En el propio texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estamos conmemorando el día de hoy, donde Chile participó de su aprobación junto al conjunto de naciones del mundo, claramente se expresa;
“Artículo 13.
“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”

2) Argumentar que este acuerdo puede afectar la soberanía del Estado no se sostiene, por cuanto este pacto no es vinculante legalmente y en él se declara expresamente que respeta la soberanía de los Estados en materia migratoria, por el contrario, su objetivo es coordinar esfuerzos internacionales que contribuyan a evitar prácticas como el tráfico de personas que afecta especialmente a inmigrantes indocumentados. posibilitar regresos seguros y dignos para evitar que algunos de ellos sean torturados o asesinados en su país de origen.

3) En las conversaciones y las negociaciones, así como en el acuerdo previo, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016), nuestro Estado participó y aprobó con su firma, por lo tanto, la decisión del ejecutivo actual es abiertamente errática con relación a su actuar en la política internacional.

4) Esta decisión gubernamental que ha sido notificada por el subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla, no sólo afecta a los inmigrantes que viven en nuestro país, sino a los propios chilenos y chilenas que están en el exterior. Además, viene a sumarse a otras decisiones del actual gobierno que colisionan los derechos humanos y los pactos internacionales, como la negativa a firmar el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como “Acuerdo de Escazú”. Este retroceso sobre acuerdos en materia internacional no solamente vulnera derechos esenciales, además daña gravemente la imagen de Chile y lo aísla de la cooperación internacional y de la comunidad de naciones democráticas, procesos que Chile como país había venido liderando y que hoy transgrede de manera inquietante e impresentable.