"Todos podemos ser defensores o defensoras de los derechos humanos. No se trata de una función que requiera credenciales profesionales. Lo esencial es que nos preocupemos por nuestros semejantes, que comprendamos que todos somos titulares de todos los derechos humanos y que nos comprometamos a convertir este ideal en una realidad" (Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos)
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14 de Mayo 2015
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martes, 9 de octubre de 2018
Abandono Total
Quintero y las zonas aledañas a este poblado, como Puchuncaví, hace ya un mes que ven agudizada la vulneración total a sus derechos, situación que se ha ido produciendo durante años. A diario son víctimas de la indolencia del Estado que insiste en mantener industrias y empresas contaminantes a pesar de los cientos de casos de personas intoxicadas, suspensión de clases y manifestaciones ciudadanas que exigen una solución inmediata a sus demandas, tras décadas de contaminación y cero control de fuentes emisoras. Nuestra organización se ha hecho presente en dos oportunidades, desde que la crisis estallara. Conversamos con vecinos y dirigentes que han visto pasearse a diferentes autoridades y organismos sin recibir respuestas ni soluciones. Consideramos una burla la actitud indolente del Estado que ha sido incapaz de encontrar a los responsables y aplicar las debidas sanciones, de identificar la fuente de origen y de dar cumplimiento a la Constitución Política de Chile, que en su artículo 19, número 8, señala que se le asegura a todas las personas "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación" y que es "deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza". Asimismo, en el mismo artículo en su numeral 9 se consigna “El derecho a la protección de la salud” que debe garantizar el Estado, así como el número 1 que protege : “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, todos estos derechos humanos son universales. Esta situación injustificable se ha visto agravada con la reciente decisión del gobierno chileno de posponer la firma del Tratado Escazu, Costa Rica, sobre acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe. Una vez más estas medidas implican un no cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Chile sobre el medio ambiente desde el ámbito de los derechos fundamentales de las personas.
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